Cadete de reparto sufre ACV y muere ignorado por su empresa

ECOS DE LA REFORMA LABORAL EN BRASIL. El servicio de ambulancias de San Pablo no acudió y choferes de Uber se negaron a transportarlo. 
La muerte evitable de un joven trabajador mientras realizaba su tarea fue propiciada por las condiciones que se describen, en primer lugar las de contratación por parte de la empresa que usufructúa su fuerza de trabajo sin asumir responsabilidades por ningún riesgo eventual

   Thiago Dias, de 33 años, empleado del servicio de entregas en moto a domicilio Rappi, llegó a una casa para recoger un paquete. Se sintió mal, cayó sobre la vereda y sintió mucho frío. Los que debían darle el paquete a transportar le dieron una frazada y, preocupados, llamaron a Rappi. La empresa les respondió que el procedimiento correspondiente era que cancelaran el pedido para que lo tomara otro entregador.

   Entonces llamaron al SAMU (Servicio  de Atención Móvil de Urgencias) de la municipalidad de San Pablo, pero más de media hora después la ambulancia no llegaba. Volvieron a llamar, esta vez a los bomberos, quienes les respondieron que debían acudir al SAMU.

   Finalmente, revisando el celular de Thiago, consiguieron contactarse con la hermana del entregador. La mujer, desde el otro extremo de la ciudad, llegó hasta donde estaba su hermano, demorando unos 50  minutos. Al arribar se  asustó mucho, ya que su hermano se había orinado, evidencia de que además del conocimiento había perdido el control de esfínteres, signo del empeoramiento de su estado. 

   Desesperados, hermana y cliente llamaron a UBER para obtener un móvil que los llevara al hospital. El  conductor de Uber les dijo que no podía llevar un enfermo en tal estado, porque le arruinaría el tapizado. Por último, contactaron a un amigo con auto que estaba cerca y podía transportarlos rápidamente al hospital. En el centro asistencial no querían dar ingreso al paciente porque no venía con una ambulancia.

   Debieron ingresarlo sin permiso, y convencer a un médico de consultorio externo para que lo atendiera. Cuando finalmente lo lograron, y el médico diagnosticó Accidente Cerebro Vascular (ACV), el paciente murió. Tenía 33 años.

   En su trabajo, al igual que todos sus compañeros, figuraba como contratista independiente con el que la empresa Rappi no tendría otra relación que la adquisición de sus servicios en forma eventual, y al que no debe otra remuneración ni asistencia que el pago por cada tarea realizada. Uno de los avances que la reforma laboral de 2016 habilitó para que las empresas dispongan de mayores facilidades para contratar personal o prescindir de él.

   En similar situación trabaja el chofer de Uber, que prefirió cuidar el tapizado de su auto particular puesto a disposición de Uber. En el caso del SAMU, la alcaidía de San Pablo asegura que el “tiempo medio” de espera de sus servicios es de 90 minutos. Pero sus trabajadores y profesionales protestan periódicamente porque no cuentan con los medios elementales y a veces ni siquiera con los vehículos imprescindibles para realizar su trabajo.

   La muerte evitable de un joven trabajador mientras realizaba su tarea fue propiciada por las condiciones que se describen, en primer lugar las de contratación por parte de la empresa que usufructúa su fuerza de trabajo sin asumir responsabilidades por ningún riesgo eventual. Ausente esa cobertura, tampoco se encuentra la del Estado, que no garantiza los servicios básicos y urgentes por los que cobra impuestos. Una deriva de un sistema que no asegura las condiciones mínimas de existencia y que no protege bienes ni personas sometidas a él.

13.07.2019
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