En un
reciente editorial sobre los accidentes viales, comentábamos que apenas
comenzado el año ya había que lamentar una veintena de muertes, lo cual, además
de preocupar, no dejaba de llamar la atención, porque el índice de mortalidad
vial ha experimentado una disminución en los últimos tiempos. Por esa razón, el
trágico hecho del viernes, ocurrido en Mendoza, en la ruta 7, que dejó un saldo
de 17 muertos y 14 heridos, y que se produjo porque un camión que circuló entre
5 y 10 kilómetros a contramano embistió de frente un ómnibus de pasajeros que
se incendió, es un terrible ejemplo de aquello que no debería ser llamado
accidente, ya que hubiera sido perfectamente evitable.
Antes de la
tragedia, ya se había denunciado repetidamente ante la policía al conductor del
camión que daba muestras de estar ebrio, pero la advertencia no fue tenida en
cuenta. Sólo el sábado se tomó la decisión, tardía, de pasar a disponibilidad a
los nueve policías sancionados por no haber actuado como correspondía. Como
señaló la ONG Luchemos por la Vida, si las autoridades hubieran respondido a
esas denuncias, hoy habría 17 personas vivas. Y éste no es un hecho aislado.
Ante el bienvenido compromiso de la población de denunciar comportamientos
riesgosos de conductores, es indispensable que las autoridades reciban y traten
las denuncias con seriedad y actúen en forma inmediata.
El 20 de
noviembre de 2009, las Naciones Unidas declararon al período 2011-2020 como el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial, para estabilizar y, posteriormente,
reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en
todo el mundo, a través de distintas actividades. En la Argentina, la Agencia
Nacional de Seguridad Vial es la encargada de reducir la siniestralidad, y sus
funciones son muchas y muy variadas. Entre otras, la instrumentación de
campañas de concientización, el armado de programas de educación vial y la
capacitación de conductores y de autoridades de control. La eficacia de los
controles quedó demostrada en enero pasado, cuando disminuyó 53% la cantidad de
víctimas fatales en rutas que conducen a la Costa Atlántica.
Sin
embargo, es mucho lo que falta, por lo que se deduce de un informe presentado
por el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), cuya finalidad fue
observar y presentar la evolución de lo que considera la "enfermedad
social" de los siniestros viales graves en la población comparando
resultados de 2013 respecto de 2012. En efecto, algunas de sus conclusiones son
que los decesos consecuencia de los siniestros viales han disminuido el 2,7 por
ciento; que el índice de siniestralidad vial, comparados ambos períodos,
aumentó el 11,2%, y que el índice de morbilidad vial aumentó el 7,7 por ciento.
El informe
hace hincapié en otros datos: por ejemplo, que el 67,9% (en 2012, 65,8%) del
total de los decesos en siniestros viales graves se producen en las rutas y
vías rurales del país; que sigue siendo elevada la participación de
motocicletas y ciclomotores en los accidentes, y que uno de cada tres
siniestros, este año, se verificaron entre las 6 y las 12.
Un hecho
positivo, y que por eso mismo vale la pena destacar, es que en el ítem jóvenes
y seguridad vial los autores del informe rescatan que disminuyó más de seis
puntos la participación de menores de 30 años como conductores protagonistas de
siniestros graves: en 2013, representó el 43,6%, mientras que en 2012 fue del
49,8%; también se verificó una disminución en la mortalidad, ya que en 2012 el
52,5 por ciento del total de los fallecidos en siniestros viales tenían menos
de 30 años y en 2013, el 46,3 por ciento.
Datos como
los aportados por el ISEV desde el ámbito privado pueden ser no sólo una señal
de alerta con respecto a una involución detectada con respecto a las mejoras
alcanzadas tres años antes, sino también una contribución a la tarea encarada
en el ámbito nacional, toda vez que el verdadero objetivo debería ser el
compromiso de todos los sectores de la sociedad para mejorar distintos aspectos
de la seguridad vial, cuya urgente necesidad se puede comprobar a diario.
SINIESTROS VIALES, UNA "ENFERMEDAD SOCIAL"
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