El Gobierno proyecta leyes más duras contra los motochorros

18.09.2016 | lanacion |

La Nación impulsa una normativa que limite la excarcelación de delincuentes con esta modalidad. 

El lunes pasado murió un hombre ejecutado en Temperley por motochorros delante de su hijo de 10 años. Unas horas antes fue baleada una pareja en Parque Chacabuco por motochorros que robaron sus celulares. Y la ciudad de Zárate se movilizó en defensa del comerciante procesado por aplastar con su auto a un motochorro. La moto es hoy el elemento preferido por los asaltantes para merodear en busca de presas. 

El Gobierno buscará neutralizar esa modalidad de ataque con una serie de medidas. Hace algunos años que se intenta bloquear sin éxito esa forma de robos a partir de resoluciones distritales. Por eso se procurará contar con el peso político dado por el debate legislativo de un proyecto de ley que diseña el Ministerio de Seguridad: uno de los puntos centrales de la iniciativa será agravar las penas de los delitos cometidos con el uso de una moto. La intención es limitar la posibilidad de excarcelaciones incluso frente a casos considerados menores.
"Una vez que tengamos esa ley marco, podremos avanzar con las provincias y distritos para unificar criterios en la identificación de motociclistas y zonas y horarios de circulación restringida", explicó a LA NACION la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Las ideas base del proyecto fueron expuestas por la funcionaria a los ministros provinciales el jueves pasado, durante la reunión en Córdoba del Consejo de Seguridad Interior. Todas las provincias coinciden en que sus centros urbanos tienen el desafío de controlar el azote de los motochorros. Particularmente violenta es la acción de esa clase de delitos en el conurbano bonaerense. Los motochorros fueron responsables del 35 % de los 91 homicidios en ocasión de robo registrados este año en Buenos Aires. En ese distrito existe desde 2014 una resolución gubernamental que obliga al uso de cascos y chalecos que exhiban la matrícula de la moto. No se cumple. Incluso los intendentes debían fijar las condiciones de circulación en zonas bancarias o consideradas de riesgo. No se hizo. De todas maneras, los corralones municipales del conurbano desbordan de miles de motocicletas secuestradas en controles viales por falta de documentación. Esa infracción de tránsito no provoca mayores problemas al infractor y éste no se presenta a retirar el rodado simplemente porque no tiene los papeles en regla. El comercio ilegal de motos y celulares es fuerte en la Argentina por la demanda. 

El ministro de seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, conoce muy bien las dificultades que se enfrenta quien busca limitar la acción de motochorros con medidas que, en principio, no son del agrado de motociclistas. Durante años intentó impulsar normas al respecto en la legislatura porteña. En este caso ocurre lo mismo que frente a planes de dificultar el acceso a las armas y la reacción contraria de los "legítimos usuarios". Pero lo cierto es que hoy las motos representan el elemento táctico que da ventajas a los delincuentes. Las experiencias internacionales apoyan la posición de aquellos que piensan en identificaciones visibles y restricciones para el traslado de dos personas en una moto. Bogotá tuvo durante años un gran problema con motochorros. Allí, la solución fue concreta: se prohibió la circulación de más de una persona por moto. Esa decisión no fue tomada por un político conservador, sino por un alcalde de Bogotá reformista. Antanas Mockus no tiene el perfil de hombre de derecha, es filósofo y matemático, fue rector de la Universidad Nacional de Colombia y candidato presencial por el Partido Verde. Y fue el hombre que decidió prohibir en la capital colombiana la circulación de dos personas en una moto. 

En una conversación con LA NACION en 2012 explicó las variantes que utilizó para no quedar atrapado en un debate entre derecha e izquierda a la hora de trazar un plan de seguridad. Dejó entonces una frase interesante: "Creo que primero hay que combatir directamente a la violencia y después las condiciones de ilegalidad". Si bien el proyecto de ley no contemplará específicamente establecer restricciones para el uso de motos, la ministra Bullrich confía en que la aprobación de una ley con espíritu de frenar a los motochorros dará suficiente sustento político para definir mecanismos de implementación comunes en todos los distritos.

 El Gobierno obtuvo este mes un buen respaldo en el Congreso al convertirse en ley otro proyecto diseñado para cortar el aumento del delito no organizado. La ley de flagrancia fue pensada para que los tribunales puedan tomar decisiones rápidas y se evite el tiempo sin condena que puede favorecer la excarcelación del acusado. Esa figura votada recientemente permitirá resolver en 40 días un caso con el sospechoso detenido en el mismo momento del acto criminal. Al igual que los puestos minoristas de venta de droga, los motochorros representan uno de los desafíos más inmediatos para la seguridad pública. Aumento de penas y controles más intensos aparecen, entonces, entre las respuestas oficiales.



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