NO EXISTE VOLUNTAD DE PENALIZAR EL DELITO VIAL
Bs.As. | 07.02.2016 | clarin
DEBATES: ¿SON "ACCIDENTES" O "SINIESTROS DE TRÁNSITO" Ema Cibotti
En nuestro país, cada vez que un atropello, un choque, una colisión, produce una muerte, escucho a los fiscales decir con pesar: “el derecho penal siempre llega tarde”. Es verdad, la acción penal llega cuando hay una víctima. Es así donde rige el estado de derecho, pero ello no justifica la morosidad judicial argentina ni las chicanas procesales que se suceden sin límites y producen impunidad.
La quita de derechos a las víctimas de hechos de tránsito empieza cuando la autoridad policial no las registra y no se abre expediente en la fiscalía de turno, o cuando los familiares no pueden seguir la querella, o cuando el juzgado reclama de los propios deudos pruebas para que avance la causa. Y esto sucede en todo el país. Lo que sigue es aún peor, pues salvo honrosas excepciones, sufrimos la falta de empatía de empleados, fiscales y jueces que piensan que “eso” les podría haber pasado a ellos, pero no como víctimas sino como victimarios. Nuestro propio trauma nos protege de percibir esa brutal insolidaridad.
Afirmado en esas insensibilidades y frías racionalizaciones opera el arsenal conceptual de los administradores de justicia que adscriben al garanto abolicionismo -un pseudo garantismo-. Como no pueden subsumir la violencia vial en la retórica del conflicto a la que reducen todo delito, se aferran a la palabra accidente -aun para los hechos agravados- y claro, los devalúan. Por ende es una mera contingencia lo que le cuesta la vida a una empleada doméstica que muere atropellada por una conductora alcoholizada que pasa el semáforo en rojo a las 6.30hs de la mañana. No es necesario que el penalista que patrocina a la autora sea afín al ideario zaffaroniano. Lo usa y clama por la inocencia de su defendida porque –dice- no estaba en “sus cabales”. Y lo repite el juzgado y el fiscal y los ciudadanos de a pie de aquella pequeña localidad de la provincia de Santa Cruz, convencidos de que el alcohol al volante debe ser un atenuante. Crudeza que nos enfrenta con una feroz sentencia: “las víctimas viales son víctimas de segunda”, escucharon de boca del ex juez de la Corte, los sufrientes padres que perdieron a su único hijo atropellado por un conductor alcoholizado.
En definitiva el garantoabolicionista alza con gesto ampuloso su voz contra las estructuras del privilegio y refrita a Jauretche, mientras invisibiliza a los vulnerables vulnerados e ignora a los familiares que con gran dificultad sostienen sus causas. No existe tanto cinismo fuera de nuestras fronteras.
El flagelo vial es una pandemia de escala global que mata a los jóvenes de 15 a 24 años. Y el mundo por derecha y por izquierda aplica la justicia retributiva para sancionar con firmeza a los transgresores. Veamos. En Finlandia, un control de velocidad impone multas proporcionales al nivel económico del infractor; los conductores de autos de alta gama pagan cifras millonarias. En Rusia si el conductor está ebrio y produce una víctima fatal puede enfrentar hasta cadena perpetua. En Inglaterra esa pena es inexorable. En Texas un juez dicta prisión perpetua para un reincidente que -aunque no provocó víctimas- tiene ya 10 condenas por conducir en estado de ebriedad. En el sur de Francia un tribunal sentencia a 6 años de prisión a un conductor alcoholizado que mató pero también condena -con una pena menor- a su acompañante. En Chile la Ley Emilia impone una escala penal de tres años y un día hasta 15 de máxima para quien maneje en estado de ebriedad y genere lesiones graves o muerte. Y obliga en cualquier caso a cumplir un mínimo de 1 año de cárcel efectiva sin opción a la libertad condicional.
Esas autoridades empujan el cambio cultural en el tránsito y no discuten si la prevención vial es más o menos importante que la sanción penal. Simplemente actúan y disuaden y aunque no tengan necesariamente empatía con las víctimas, las protegen. En nuestro país todavía, ni la administración de justicia ni los legisladores -excepto honrosas excepciones en cada caso- muestran una real voluntad de penalizar el delito vial.
Afirmado en esas insensibilidades y frías racionalizaciones opera el arsenal conceptual de los administradores de justicia que adscriben al garanto abolicionismo -un pseudo garantismo-. Como no pueden subsumir la violencia vial en la retórica del conflicto a la que reducen todo delito, se aferran a la palabra accidente -aun para los hechos agravados- y claro, los devalúan. Por ende es una mera contingencia lo que le cuesta la vida a una empleada doméstica que muere atropellada por una conductora alcoholizada que pasa el semáforo en rojo a las 6.30hs de la mañana. No es necesario que el penalista que patrocina a la autora sea afín al ideario zaffaroniano. Lo usa y clama por la inocencia de su defendida porque –dice- no estaba en “sus cabales”. Y lo repite el juzgado y el fiscal y los ciudadanos de a pie de aquella pequeña localidad de la provincia de Santa Cruz, convencidos de que el alcohol al volante debe ser un atenuante. Crudeza que nos enfrenta con una feroz sentencia: “las víctimas viales son víctimas de segunda”, escucharon de boca del ex juez de la Corte, los sufrientes padres que perdieron a su único hijo atropellado por un conductor alcoholizado.
En definitiva el garantoabolicionista alza con gesto ampuloso su voz contra las estructuras del privilegio y refrita a Jauretche, mientras invisibiliza a los vulnerables vulnerados e ignora a los familiares que con gran dificultad sostienen sus causas. No existe tanto cinismo fuera de nuestras fronteras.
El flagelo vial es una pandemia de escala global que mata a los jóvenes de 15 a 24 años. Y el mundo por derecha y por izquierda aplica la justicia retributiva para sancionar con firmeza a los transgresores. Veamos. En Finlandia, un control de velocidad impone multas proporcionales al nivel económico del infractor; los conductores de autos de alta gama pagan cifras millonarias. En Rusia si el conductor está ebrio y produce una víctima fatal puede enfrentar hasta cadena perpetua. En Inglaterra esa pena es inexorable. En Texas un juez dicta prisión perpetua para un reincidente que -aunque no provocó víctimas- tiene ya 10 condenas por conducir en estado de ebriedad. En el sur de Francia un tribunal sentencia a 6 años de prisión a un conductor alcoholizado que mató pero también condena -con una pena menor- a su acompañante. En Chile la Ley Emilia impone una escala penal de tres años y un día hasta 15 de máxima para quien maneje en estado de ebriedad y genere lesiones graves o muerte. Y obliga en cualquier caso a cumplir un mínimo de 1 año de cárcel efectiva sin opción a la libertad condicional.
Esas autoridades empujan el cambio cultural en el tránsito y no discuten si la prevención vial es más o menos importante que la sanción penal. Simplemente actúan y disuaden y aunque no tengan necesariamente empatía con las víctimas, las protegen. En nuestro país todavía, ni la administración de justicia ni los legisladores -excepto honrosas excepciones en cada caso- muestran una real voluntad de penalizar el delito vial.
Ema Cibotti es presidenta de ACTIVVAS, Asociación Civil contra la Violencia Vial.
http://www.clarin.com/opinion/Delitos_viales-lesiones_y_muertes-impunidad-normativa_0_1518448197.html
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